Gobierno anuncia Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos

Nacional, 4 de enero de 2021; Autoridades encabezadas por el presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dieron a conocer en las últimas horas el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

La iniciativa legal, busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.

Desde la mirada local, el Seremi de Justicia en Biobío, Sergio Vallejos, precisó que el proyecto se alinea a la Agenda Social del Gobierno. “Todas las personas deben tener derecho a acceder a la justicia. Con esta nueva institucionalidad se abarcarán diferentes líneas de acción con programas especializados como el programa Mi Abogado y el de Defensa del Adulto Mayor. Adicionalmente integra la oferta programática de las Corporaciones de Asistencia Judicial con la defensoría de víctimas de delitos y también una línea de acción en el ámbito de los Derechos Humanos”.

La primera autoridad de la cartera de Justicia y DDHH en Biobío, destacó la relevancia de acercar la justicia a las personas, sobre todo en el contexto de crisis sanitaria que vive la región, el país y el mundo. “Tal como lo señaló el ministro Larraín en la presentación de esta iniciativa legal, con esto buscamos proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que implica otorgar representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos, que pueden ser los tribunales, pero también otros como la mediación. Ejemplo de ello son el tema de las pensiones alimenticias y otros como suspensión del empleo, despidos, arriendos y violencia intrafamiliar”, cerró Vallejos.

Por su parte, el Director General de la CAJ Biobío, Gonzalo Contreras expresó que, “esto va a permitir a las Corporaciones de Asistencia Judicial llevar adelante todas nuestras líneas de atención de un modo bastante uniforme y homogéneo. Esto sin duda constituye un hito en esta materia y esperamos que se concrete dentro del 2021 (…) El quehacer de la institución, del servicio nacional, pone en el centro a nuestros usuarios y usuarias”.

Aspectos centrales del Proyecto de ley

1. Creación de un nuevo Servicio:

Se crea un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía; reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, lo que permitirá un fortalecimiento de ella, con foco en la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables, y Derechos Humanos –  mediante la contratación a nivel nacional de abogados que puedan asesorar y representar personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración-, entre otros aspectos.

Considera cuatro líneas de acción:

1.- Línea General: Comprende la oferta programática que actualmente tienen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia civil, laboral, de familia, entre otros.

2.-Defensoría de Víctimas de delitos: entrega asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido víctimas de delito, otorgándoles, además, apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho.

3.- Línea de Derechos Humanos: considera la asesoría y representación jurídica a personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales).

4.- Línea Especializada: considera toda la oferta programática diseñada para abordar las necesidades y problemáticas que afecta a algún determinado sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes, y Defensa Integral de Adulto Mayor.

1. Creación de la Defensoría de Víctimas de delitos.

Dentro de la institucionalidad ligada al proceso penal, hoy no existe una única institución pública que se haga cargo de la defensa de la víctima, situándola así en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese. Se busca potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, a través el establecimiento de un nuevo mecanismo de acceso a la información en el proceso mediante la representación de la víctima por parte del Nuevo Servicio ante el Ministerio Público,

La creación de esta Defensoría con foco en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de delitos, considera la representación jurídica y la atención psicológica y social, a personas naturales que carezcan de defensa en su rol de víctimas en materia penal, estableciendo la universalidad plena en términos de acceso, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.

1. Creación de un Consejo Nacional de Acceso a la Justicia.

Con el objeto abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se crea un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Con este mismo propósito se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.